El desarrollo económico ambientalmente sostenible

La pregunta de moda hoy frente a los procesos de adopción de los planes de ordenamiento y manejo  de las cuencas hidrográficas (POMCA) es determinar si es posible que estos no generen tanto impacto negativo en las actividades económicas de las regiones? La respuesta inmediata es: “sí, es posible”, pero solo sí se realiza un proceso organizado y técnico que se base en estudios serios, transparentes y documentados, que incluyan la variable socioeconómica en sus procesos de zonificación y toma de decisiones; todo lo contrario a lo que actualmente sucede en los procesos que se han adelantado en el Departamento del Atlántico.

La Cuenca Hidrográfica es una unidad de territorio definido por la existencia de la divisoria geográfica principal de las aguas superficiales, conformando un sistema interconectado de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (IDEAM 2010); su ordenamiento es un proceso para proyectar como se van a usar y manejar los recursos renovables y no renovables que ella se encuentran, buscando un equilibrio entre el medio y el desarrollo. En el Atlántico tenemos 3 grades cuencas Caribe (Incluye la sub-cuenca de Mallorquín), Magdalena y Canal del Dique.

 Este ordenamiento se realiza a través de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, conocidos como POMCA, los cuales son instrumentos de planificación que deben propiciar espacios de encuentro entre instituciones que comparten responsabilidades en la ordenación del territorio, actores con diversos intereses y planes e instrumentos con alcances y propósitos particulares, que se han generado en otros contextos normativos, pero que necesariamente aportan al objetivo final de ordenamiento ambiental del territorio. (IDEM 2010)

 Estos planes deben ser adoptados por las autoridades ambientales, en nuestro caso CRA ATLANTICO, o en comisión conjunta cuando tienen jurisdicciones sobrepuestas; pero no cuentan con un soporte normativo suficiente que regule su elaboración, pues además de las normas generales de los temas ambientales, su reglamentación es parcial en los decretos 1729 de 2002 y 1604 de 2002, así como la Guía elaborada por IDEAM en 2010; lo cual se ha prestado a subjetividades en los procedimientos. Esta situación debió cambiar con la expedición del decreto 2372 de 2010 sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que establece unos criterios más claros en la materia, pero que ha encontrado una inexplicable resistencia por parte de los funcionarios públicos responsables para su aplicación, los cuales pretenden desconocerlo y han preferido ignorarlo.

 Actualmente la Cuenca de Canal del Dique esta ordenada, con resultados desconocidos, al igual que Mallorquín, que es hoy en día un dolor de cabeza para Barranquilla y Puerto Colombia, por lo cual debe entrar en revisión inmediata; las Cuencas Caribe y Magdalena, se encuentran en proceso de ordenación. Es una obligación legal para las entidades ambientales expedir estos planes, por lo cual oponerse a ellos no sirve de nada, sí no se participa en su discusión, estudio y contradicción los resultados pueden ser nefastos para nuestro Departamento, incluso un industrial, con tino afirmó: “esto es más importante que elegir el presidente”, pues una vez aprobados son normas de superior jerarquía a los planes de ordenamiento territorial y modificarlos es sumamente dispendioso, con  lo cual el impacto de sus medidas es a largo plazo.

 Hay grandes inconvenientes que deben ser solucionados para avanzar en estas materia entre ellos tenemos a) Falta de documentación formal de los estudios soportes de los POMCAS que se han adelantado o se adelantan en el departamento, b) El mito según el cual el desarrollo económico es incompatible con la protección ambiental, salvo casos excepcionales los niveles de protección casi siempre pueden ser compatibles con diferentes actividades económicas, dándoles la oportunidad de asumir que costo que esto conlleve y no la prohibición sin atenuantes. c)Existe demasiada informalidad en el proceso de ordenamiento, las etapas no se cumplen y documentan formalmente, no se realizan suficientes estudios técnicos y no se cuenta con una metodología de zonificación válida d) Se debe precisar cuáles son las restricciones y prohibiciones que se pretenden establecer, que se quiere proteger y cuáles son los estudios o documentación técnica que lo respalda. e) No hay estudio sobre el impacto económico de los procesos ni sobre las licencias o permisos que se van a ver afectados ni la minusvalía de la tierra, ni se elaboran planes o programas de estimulo o indemnización a los propietarios afectados, con lo cual se puede causar un gran perjuicio a las personas y al erario público que va a ser objeto de demandas y reclamaciones millonarias poniendo en peligro la viabilidad económica de muchos municipios.

 Las entidades ambientales son muy precarias en el control pero ambiciosas en la regulación, por lo tanto las restricciones solo aplican a las actividades formales que cumplen la normativa, pero no limitan a los informales que son los verdaderos depredadores del medio ambiente; así pues no existe posibilidad de contar con un medio ambiente sano sino va de la mano con un desarrollo económico responsable. Este es el reto.

JOSE MARINO MEJIA VILLEGAS
Abogado.
Especialista en Derecho Administrativo.
Dirección Estratégica de Negocios